Si el pasado viernes era el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad el que decía que la ley de dependencia no es viable. Hoy, la Asociación Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia The Family Watch, en la presentación de su informe La familia como agente de salud dicta el mismo diagnóstico.
La primera conclusión del Informe es que “las necesidades de cuidado de los mayores no dejan de crecer”. El envejecimiento de la población es tal que, en 30 años, se ha duplicado la población de 65 años (si en 1970 había 3,3 millones de mayores, en el 2000 había más de 6,6 millones). “Vivimos hoy el fenómeno del envejecimiento del envejecimiento’, que señala que cada vez hay mayor número de mayores de 80 años”.
Ni el Estado ni la iniciativa privada pueden hacerse cargo de la atención a estas personas, señalan con rotundidad.
En cuanto al Estado, “la Ley de Dependencia parecía señalar, hace 5 años, una vía de solución, pero hoy se ha constatado que existe un desfase entre las previsiones en número de dependientes y su financiación, y la realidad. En 2007 se estimó que, cuando entrara en vigor plenamente la Ley (2015) habría 1.173.000 dependientes. Sin embargo, a día de hoy, se ha reconocido el derecho a más de 1.500.000 personas. En cuanto a la financiación, hoy la aportación del Estado supera las previsiones en más de 2.700 millones de euros”.
El cuanto al sector privado, señala, “sólo una porción pequeña de personas dependientes puede permitirse recibir cuidado formal, que es el realizado por profesionales especializados, dependientes de organismos públicos o contratados por la familia. Así, por ejemplo, sólo el 26% de los grandes dependientes se encuentra en residencias”.
Dadas estas circunstancias, la familia estable es la única que puede y quiere desempeñar esta tarea en condiciones normales. “La familia ha jugado y juega un papel predominante en España como principal red de protección para cubrir las necesidades de las personas en situación de dependencia –de modo semejante a como ocurre hoy con las personas que sufren las consecuencias de la crisis económica–, por lo que se hace necesario ayudarla y fortalecerla”.
Tradicionalmente las mujeres, especialmente las hijas, son las que han asumido esta responsabilidad, “pero su incorporación progresiva al mercado de trabajo hace que precisen una compensación”, indica el informe.
Así mismo, se recalca “la necesidad de apostar por políticas de envejecimiento activo, consideradas la mejor forma de prevenir las situaciones de dependencia”.
El estudio, por último, reclama también “la importancia de regularizar el mercado de trabajo de aquellos encargados del cuidado de dependientes, y de su necesaria formación para cumplir con su tarea como cuidadores”.