Con una justificación que roza el cinismo, el pasado martes se anunciaron las lineas maestras de la inminente reforma de la Ley de Dependencia. Y leer las notas de prensa o escuchar a los reponsables del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales se convirtió en un ejercicio de, no sólo leer la letra pequeña (desconocida en su mayor parte), sino de intentar no caer en que el recorte d al menos 285 millones, es algo positivo y que irá en beneficio de la ley.
La evaluación que realiza el gobierno es la siguiente: Gasto de 2.700 millones de euros superior al estimado, atención a 400.000 dependientes más de los previstos y una lista de espera de unas 300.000 personas. De igual manera, no se ha aprovechado todo el potencial de la ley para generar empleo.
Pero tras este análisis, la solución para evitar el “colapso” del sistema es, paradójicamente, reducir la cuantía que se invierte en el mismo. Es decir, la manera de cumplir con el derecho subjetivo del dependiente a ser atendido va a ser no reconocerle que efectivamente es una persona dependiente. Si hay menos dependientes, gastaremos menos, parece decir el gobierno. Aunque que sepamos, con “remedios naturales”, no se curan las enfermedades que generan situación de dependencia.
Para ello utilizará dos fórmulas, reducir de 6 a 3 los grados de dependencia (y al ser menos clara la frontera, imaginamos que se reconocerá a la baja), y retrasar dos años la incorporación de los dependientes moderados (como son moderados, que esperen).
Y todo ésto justificado con los argumentos de “priorizar la atención a los grandes dependientes” o “agilizar los trámites y descargar burocracia”.
Compartimos el criterio de avanzar hacia la profesionalización del sistema y, cumpliendo con lo que dice la ley, que las presataciones para cuidados familiares sean redisuales y únicamente cuando sea la mejor alternativa para la atención. Desde Aragón Social, hemos venido denunciando como el gobierno anterior de la comunidad abusaba de este concepto, pero la solución que se aporta ni va en la linea de profesionalizar más y es especialmente injusta con aquellas personas que no tengan otra alternativa para poder ser atendidas.
Así, lo que parecería que debería llevar aparejado el anuncio de construcción y apertura de nuevos servicios capaces de acoger a casi un 60% de las personas acogidas por el sistema, se resuelve por la vía de reducir la cuantía que percibe el familiar con un dependiente a su cuidado un 15%. Como en otros de los recortes anunciados (por ejemplo, con la reducción de la prestación por desempleo), se viene a criminalizar al perceptor de la prestación.
Bajando lo que recibe, automáticamente se crea una plaza de residencia o de centro de día (es evidente) o, como de manera paternalista ha dicho la ministra, servirá para “aliviar la carga inmensa que muchas veces supone atender al familiar”.
Creemos firmemente en los retornos económicos que la ley puede proporcionar así como en que es uno de los modelos más adecuados para generar empleo de calidad. Además, como ha pasado en Martín del Río (Teruel), es una alternativa para revitalizar económicamente las machacadas regiones mineras.
Y que decir del aumento de las cuantías que supondrá el copago del sistema. El usuario, al que también le han subido el coste de sus medicinas y del resto de productos que puede consumir vía IVA, aún tendrá que hacer un esfuerzo superior para ser atendido en un servicio o disponer de un cuidador profesional. Eso supondrá que menos personas puedan hacer frente al coste y, aún con el derecho reconocido, estarán cuidados (o no) en su domicilio. Pero bueno, todo sea por tener un sistema “más justo, equitativo y solidario”.
Con 285 millones menos ni se va a atender mejor, ni a más ni se va a “descolapsar” el sistema, sencillamente, se va a dejar sin un derecho que por fín se había logrado reconocer por ley a cientos de miles de personas.
Pero mientras rescatamos a la banca, este el sistema que quieren hacernos creer “nos podemos permitir”. Al menos, digánoslo claro.
