Fotografía: Gabinete de comunicación Cortes de Aragón Luisa Fernanda Rudi durante su intervención en el pleno.

Ayer se celebró la primera de las tres jornadas el Debate sobre el Estado de la Comunidad Autónoma en el que la Presidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, hizo balance de su primer año de Gobierno a la par que volvía a ofrecer llegar a acuerdos con la oposición siempre y cuando “no diluyan” su programa de gobierno basado en “equilibrar las cuentas, ajustar el gasto y gestionar mejor”. El control de déficit y las políticas de austeridad van a continuar siendo el principal objetivo para 2013.

En su discurso, la política social tuvo un pequeño hueco en el que Rudi anunció la apertura de la residencia de Utebo que contará con 135 plazas de para residentes y 30 de centro de día.

Así, el Gobierno de Aragón tiene previsto abrir la residencia y concertar otras plazas a través de nuevos contratos suscritos con las entidades privadas y residencias de titularidad municipal y comarcal.

En su intervención Rudi también hizo públicos algunos de los proyectos del Gobierno para los próximos meses. “Tenemos previsto modificar la normativa que regula el Ingreso Aragonés de Inserción para adecuarlo a la actual situación de demanda y, sobre todo, para asegurarnos que son fondos que llegan a quien realmente lo necesitan. Además, vamos a poner en marcha la primera fase del SAMUR social concentrando todas las emergencias sociales en el 112 y creando un protocolo único de actuación”.

Hoy, a partir de las 9:30 h. es el turno de los partidos de la oposición.

El IAM y la Unión de Cerrajeros firman un convenio para mejorar la seguridad de las mujeres con órdenes de protección.

Las víctimas de violencia de género en Aragón que dispongan de una Orden de Protección (que recoja de forma específica la necesidad de cambiar la cerradura del domicilio común por motivos de seguridad) podrán cambiar gratis las cerraduras de sus casas. Esto será posible gracias al convenio que ha presentado hoy la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Pilar Argente, y el vicepresidente de la Unión de Cerrajeros de Seguridad (UCES), José Luis García de Vicuña.

Argente ha explicado que el acuerdo tiene como principal objetivo “mejorar la protección de las mujeres, así como de sus hijos e hijas y personas dependientes, víctimas de violencia de género”. Asimismo, la directora del Instituto Aragonés de la Mujer ha querido agradecer el compromiso social de UCES en tiempos de crisis y ha asegurado que en ocasiones el cambio de la cerradura no se lleva a cabo por falta de recursos económicos. “Esta medida ayudará a las mujeres con escasos recursos a sentirse más seguras en su hogar tras la denuncia, uno de los momentos de mayor riesgo para ellas”, ha declarado Argente.

Durante el encuentro, Pilar Argente ha expuesto las distintas acciones a las que se compromete el departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón y la dirección general que encabeza. Así, el departamento se encargará de publicitar la existencia de estos servicios y el procedimiento de acceso al mismo; difundir el material necesario para dar publicidad a este programa; visibilizar este servicio entre los profesionales de la judicatura y otros profesionales implicados en la erradicación de la violencia de género así como velar por el cumplimiento de las normas de confidencialidad y deontología profesional. Y, en lo que respecta al Instituto Aragonés de la Mujer, éeste realizará distintas acciones de difusión del servicio a través de las asesorías que atienden a los mujeres víctimas de violencia, los servicios de atención jurídica y social de guardia permanente, el teléfono 24 horas, en las acciones de sensibilización y formación que lleve a cabo con personas que atienen en distintos ámbitos a mujeres víctimas de violencia y mediante las mesas técnicas de los procedimientos de coordinación comarcal para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer en Aragón.

Por su parte, la Federación Unión de Cerrajeros de Seguridad se compromete a atender, con la mayor brevedad posible, las solicitudes formuladas por las víctimas, publicitar la existencia de este servicio así como garantizar la adecuada identificación profesional de los cerrajeros que se personen en los domicilios de las víctimas. Otro de los puntos que fija el convenio consiste en desarrollar un servicio de información y atención telefónica donde se recojan las solicitudes formuladas y desde el que se coordine el envío de profesionales de UCES. Todo ello, guardando siempre una estricta confidencialidad sobre los datos relativos a la dirección, ubicación y la identificación de las víctimas y sus domicilios.

Por último, cabe destacar que esta federación que agrupa a las 4 principales asociaciones de cerrajeros de España y representa a más del 80% de los cerrajeros asociados en todo el país, pone a disposición pública la lista de profesionales que forman parte de ella: adhesión a un código deontológico, formación y actualización permanente y desarrollo de un protocolo de actuación básico que minimice el impacto en la puerta sobre la que se actúa. ahorrando un importante coste y prejuicio al ciudadano. De esta manera, el Gobierno de Aragón contará con un registro actualizado de forma permanente de cerrajeros de seguridad acreditados por UCES y que cuentan con las máximas garantías de seguridad.

El Gobierno de Aragón reparte 574.000 euros provenientes de fallecimientos sin herederos entre 18 entidades de asistencia social

La Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad Autónoma de Aragón ha acordado la distribución de 574.000 euros correspondientes a la suma de los patrimonios hereditarios de 12 personas que han fallecido en diferentes localidades aragonesas sin hacer testamento –sucesiones abintestato-, tal y como indicaba el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 10 de julio de 2012. De ellas, 8 eran de la provincia de Zaragoza, 2 de la de Teruel y 2 de la de Huesca.

Esta cantidad se ha repartido entre diferentes entidades de asistencia o acción social de carácter público o privado sin ánimo de lucro que reúnen los requisitos establecidos en el Decreto 191/2000, de 7 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Entre ellos, el de estar inscritas en el Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de Acción Social de la Diputación General de Aragón, que cuenta actualmente con 2.097 entidades inscritas. De cara a este reparto, para el que el Gobierno de Aragón había recibido 168 peticiones, se estableció en una reunión anterior de la Junta como criterio de distribución que los proyectos financiados fueran actuaciones de prestación de asistencia social directa a los beneficiarios y que se tratara de servicios esenciales para personas en riesgo de exclusión social, pobreza o enfermedad, así como de aquellos relacionados con la autonomía personal y discapacidad o con el refuerzo educativo.

De los 574.000 euros, 14.000 han correspondido a la Casa de Amparo (3.000 euros) y la Fundación Luis de Azúa (11.000 euros) como reconocimiento –tal y como dispone el citado Decreto 191/2000, que fija un porcentaje del 10% del caudal liquidado en estos casos- por comunicar a Administración el fallecimiento sin herederos de tres personas cuyos patrimonios quedaron para la Comunidad Autónoma y forman parte de las cantidades asignadas hoy. Los otros 560.000 euros se han repartido de la siguiente manera:

- Fundación Agustín Serrate: 2.248,09 euros.
- Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca: 3.257,09 euros.
- Asociación Guayente Centro “El Remós”: 2.707,37 euros.
- Atades Huesca: 21.404,84 euros.
- Centro Especial de Empleo Oliver: 86.236,40 euros.
- Atadi Agrupación Turolense de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual: 15.328 euros.
- Fundación Benito Ardid: 18.475,63 euros.
- Cáritas Diocesana de Zaragoza: 3.859,27 euros.
- Fundación Carmen Fernández Céspedes. Centro especial Cedes: 5.142,80 euros.
- Fundación Disminuidos Físicos de Aragón: 182.826,23 euros.
- Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple: 2.391,61 euros.
- Fundación Virgen del Pueyo: 27.551,29 euros.
- Fundación Picarral: 22.866,97 euros.
- Fundación Ramón Rey Ardid: 91.502,20 euros.
- Asociación para la Integración de Personas con Discapacidad Intelectual Utrillo: 3.780,72 euros.
- Centro de Servicios Sociales (Ayuntamiento de Calatayud): 70.765,92 euros.

La Junta Distribuidora de Herencias de la Comunidad está presidida por el consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón. La integran como vocales la interventora general, el secretario general técnico del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, el director gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales y los directores generales de Servicios Jurídicos, Bienestar Social y Dependencia, Patrimonio Cultural y Contratación, Patrimonio y Organización. La Junta fue creada en el año 2000 como órgano competente para la distribución de los caudales de los que la Comunidad Autónoma haya sido declarada heredera intestada.

Organizadas por AFEDACC, tendrán lugar 18 al 21 de septiembre y habrá habrá proyecciones cinematográficas, mesa redondas y conferencias.

La Agrupación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Caspe (AFEDACC) celebra, del 18 al 21 de septiembre de 2012, en la Comarca Bajo Aragón-Caspe/ Baix Aragó-Casp, las III Jornadas de Alzheimer y otras demencias.

El principal objetivo que persigue AFEDACC con la organización de estas jornadas es sensibilizar a la población respecto a la enfermedad de Alzheimer, de la importancia de la demencia y de las consecuencias que presenta para las personas que la sufren y para sus familiares y cuidadores, y concienciar sobre la necesaria colaboración gubernamental, empresarial y ciudadana a la hora de enfrentar esta enfermedad.

Destaca, entre los diversos actos, la presentación de un cuento, titulado “Tu memoria”, que es el resultado de una serie de actividades de cuenta-cuentos realizadas en las anteriores jornadas. Asimismo habrá proyecciones cinematográficas, mesa redondas y conferencias.

Fotografía: Gabinete de comunicación Gobierno de Aragón Momento de la reunión del Consejo Aragonés de Servicios Sociales.

El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, asistió ayer al Consejo Aragonés de Servicios Sociales para trasladar, por un lado, las novedades introducidas en la Ley de Dependencia tras la aprobación del Real Decreto Ley y por otro, el anteproyecto de ley de autoridad pública en el ámbito social.

Al encuentro también ha acudieron la directora de Bienestar Social y Dependencia, Cristina Gavín, el director Gerente del IASS, Francisco Peña y la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, Pilar Argente.

Oliván señaló que “el Gobierno de Aragón hace una apuesta en materia de dependencia por los servicios para cumplir con la finalidad de la ley, donde los servicios tienen un carácter prioritario sobre las prestaciones. Debemos apostar por los servicios porque estos dan una atención profesionalizada a los dependientes. Además la reducción de un 15% (Aragón ha aplicado el mínimo permitido) en las prestaciones en el cuidado del entorno familiar, motivado por la aplicación del Real Decreto Ley 20/2012, va a dar como resultado incorporar, en breve, un gran número de beneficiarios al sistema lo que dinamizará el tercer sector y creará empleo”.

Hasta 6.000 empleos estimó el Consejero que se podrían crear en tres años, siempre y cuando se reduzcan las ayudas familiares y se presten servicios y 1.000 los dependientes que se incorporarán al sistema antes de finalizar el año, de los actualmente 5.000 que, estando valorados, se encuentran en lista de espera.

Oliván también hizo mención al anteproyecto de Ley de Autoridad Pública en el ámbito social que recoge la necesidad de establecer una especial protección a los profesionales del sistema público en esta área.

Explicó que esta ley tiene como objetivo reforzar la autoridad de los profesionales en su toma de decisiones y establecer el respeto mutuo como norma inviolable en las relaciones de los profesionales con los destinatarios de sus decisiones. La ley busca la protección de los profesionales del sistema público para así conseguir una total libertad en el ejercicio de sus funciones, sin estar sometidos a ningún tipo de amenaza ni menosprecio por parte de los ciudadanos. Ha recordado que en el ámbito social están incluidos en esta ley los directores y subdirectores de los centros de servicios sociales, de los centros dependientes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, psicólogos pedagogos, trabajadores sociales y educadores sociales.

La FAS e Intermón Oxfam aprovechan el Día del Cooperante para denunciar las drásticas reducciones en los fondos de cooperación y cuyos efectos los pagan millones de personas desfavorecidas en todo el mundo.

Fotografía: Pablo Tosco / Intermón Oxfam Una cooperante de Intermón Oxfam asiste a una reunión de las mujeres integrantes de la cooperativa de campesinas de la comunidad de Seno, en Mauritania.

Como cada 8 de septiembre se celebra el Día del Cooperante. Esta fecha coincide con la firma, en el año 2000, de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte de 189 jefes de Estado y de Gobierno, reunidos en la sede de las Naciones Unidas, en un compromiso histórico de trabajo conjunto para erradicar la pobreza extrema en el mundo.

Desde la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS), se quiere aprovechar este día para mostrar su compromiso con todas las personas ya que “en el momento de crisis mundial, se hace más necesaria que nunca la puesta en valor de la solidaridad humana hacia los más desfavorecidos”.

Para la FAS, éstos son los principales paganos de la crisis, independientemente del lugar donde habitan. La Federación denuncia que “se están recortando y mermando derechos básicos y universales con el pretexto de la falta de dinero cuando, por otro lado, nos están demostrando que sí que existe dinero para rescatar a las instituciones financieras que han sido las principales causantes de este nuevo orden mundial”.

Por ello, consideran “este 8 de septiembre tenemos poco que celebrar y mucho que denunciar” y se comprometen, tal y como recoge el manifiesto elaborado, con la solidaridad, la justicia, la dignidad y los derechos humanos, para que todas las personas tengan: